Diversas fuentes han informado que el 2 de diciembre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum firmó reformas constitucionales para proteger a los animales. Las reformas son una gran victoria para el movimiento por los derechos de los animales en México. Se aplican a todos los animales y pueden presagiar un mejor trato a los animales de granja en este país, que tiene una industria productora de carne intensiva.
México se suma a otros nueve países que mencionan a los animales en sus Constituciones, pero según Kristen Stilt, directora del Programa de Política y Derecho Animal de la Facultad de Derecho de Harvard, la inclusión de los no humanos en su Constitución es “más larga y más específica. Está en varias disposiciones. No es sólo una declaración general”.
Los artículos 4 y 73 de la Constitución ordenan al Congreso de México redactar una Ley integral de Bienestar, Cuidado y Protección Animal que conducirá a la creación de regulaciones para prevenir el maltrato de todo tipo de animales, incluidos no solo los animales de granja, sino también los animales en laboratorios, animales de compañía y vida silvestre. El artículo 3, centrado en la educación, exige que el bienestar animal se incluya en los planes de estudios de las escuelas primarias y secundarias. Las regulaciones federales resultantes de estos cambios constitucionales deben ser seguidas por las autoridades estatales y locales.
La eficacia de las nuevas leyes dependerá de la redacción de la legislación de aplicación y del grado de aplicación. El estado de Guanajuato aprobó una ley para proteger a los animales domésticos del maltrato en 2008, y la ciudad de Guanajuato adoptó regulaciones para implementar la ley varios años después. La ciudad ahora cuenta con un Centro de Asistencia y Control Animal dirigido por veterinarios dedicados, y los veterinarios que trabajan para la Secretaría de Salud realizan periódicamente campañas de esterilización en todo el estado. Sin embargo, algunas de las regulaciones son difíciles de hacer cumplir debido al sistema legal de México, y el grado de cumplimiento también depende del compromiso de los funcionarios estatales y municipales con el espíritu de la ley.